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830 razones que demuestran el fraude *

Informe presentado por el Instituto de Defensa Legal

Elena Miranda
 

Es imposible que las últimas elecciones puedan ser descritas como libres y justas porque el 28 de mayo concluyó en el Perú el malhadado ciclo político que se inició en 1996 con la aprobación de la absolutamente inconstitucional ley de "interpretación auténtica" destinada a imponer un tercer período para el presidente Alberto Fujimori, afirmó el Instituto de Defensa Legal, IDL, luego de realizar un informe en el que presenta 830 razones que demuestran el fraude electoral.

Después de demostrar con esta investigación que hubo fraude, ILD señala que si bien los peruanos valoramos y alentamos la solidaridad internacional, sabemos, a la vez, que nada ni nadie podrá reemplazar nuestra capacidad de resistir y de movilizarnos pacíficamente en contra del régimen impuesto.

"Desde el 29 de mayo, en el Perú se ha iniciado una nueva etapa en la lucha por acabar con el abuso, la prepotencia y la imposición, por recuperar para sus gentes la dignidad básica y la democracia, única forma de construir establemente un país con posibilidades de avanzar hacia el desarrollo y la justicia", concluye.
 

Al servicio de la reeleción

Este documento destaca inicialmente el papel de las instituciones electorales al servicio de la reelección, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), las cuales fueron vistas con desconfianza desde la primera vuelta por casi todos los sectores, con excepción del propio gobierno, y la intervención del Ejecutivo al Poder Judicial, encargado de nombrar al presidente del JNE y a los presidentes de los 48 Jurados Electorales Especiales.

También considera que igualmente estuvieron al servicio de la reelección a nivel nacional 30 mil tenientes gobernadores, 200 subprefectos y dos mil gobernadores, los que fueron los directivos del ejército fujimorista del país, como lo informó el subprefecto de Ayabaca, Teófilo Flórez Huamán.

El recuento de las construcción del fraude continúa con la creación, en plena campaña electoral, del Profam, programa a través del cual, se ofreció de manera demagógica e irresponsable, entregar después de las elecciones terrenos propios a todos los que lo necesiten, para el que se inscribieron 800 mil personas, lo que da una idea precisa de su impacto electoral.

La importancia de la propaganda es considerada al resaltar que la Asociación Civil Transparencia registró que 96.1% de las pintas con propaganda electoral correspondían al eslogan "Perú, país con futuro", asociado con el candidato presidente, para las cuales se utilizaron fondos públicos y que éstas luego fueron asociadas con la tipografía, colores y diseño de Perú 2000.

Transparencia registró 174 denuncias de irregularidades por el uso de recursos públicos con fines electorales. El 68% de este uso se produjo entre noviembre de 1999 y el 31 de marzo del 2000. Este problema, además del comportamiento proselitista de los funcionarios públicos, también fue destacado por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral de la OEA.
 

El SIN, las Fuerzas Armadas y la PNP

Para IDL, el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, participó activamente en todos los frentes de la campaña del gobierno, tanto en la propaganda como en el hostigamiento y desprestigio de los candidatos opositores, situación que fue corroborada, según un informe del diario Liberación, con la carta dirigida al Defensor del Pueblo por el ex agente de inteligencia Víctor Castillo Neira, quien denunció que el SIN ordenó a su personal, en agosto de 1999, hacer campaña a favor de la re-reelección.

Además de las múltiples evidencias de que los actuales mandos de las Fuerzas Armadas están politizados y actúan abiertamente a favor de la candidatura oficialista, el equipo de investigación de IDL recuerda las fotografías tomadas por Omar Astucuri, editor del Diario Primicia, que muestran a miembros de las Fuerzas Armadas cuando levantaban y desarmaban en Huancayo el estrado para el mitin de Perú 2000 encabezado por el candidato al congreso Absalón Vásquez.

En esta reseña se incluye también que miembros de la Policía Nacional fueron descubiertos participando en campañas de seguimiento, hostilización y amedrentamiento de candidatos opositores. Además de que esta institución adoptó una actitud pasiva y cómplice cuando se produjeron situaciones de desorden público cuyo resultado político podía ser perjudicial para la oposición.
 

Medios de comunicación en la mira

La mayoría de los medios de comunicación masiva estuvieron sujetos al control, manipulación y amedrentamiento del gobierno, a través de diversas modalidades y la prensa independiente fue víctima de sistemáticas campañas de hostilización y amedrentamiento por parte del gobierno, lo cual fue evidenciado con el descubrimiento de el Plan Bermuda, el Plan Narval, el Plan Octavio y el Plan Periodista I y Plan Periodista II, indica el informe.

También denuncia que el Estado se convirtió en el principal anunciante del país en los canales de televisión, cuya inversión ha superado largamente la de años anteriores e implicó un gasto superior a los 60 millones de dólares.

Según un informe de la Supervisora de Medios y Publicidad, en enero y febrero de este año, el gobierno gastó en publicidad estatal 10 761 324,80 de dólares. Un 78% de esta publicidad fue destinada a la televisión.

IDL no olvida que la televisión de señal abierta retiró de su programación, en toda la primera vuelta, el debate político, a la vez que favorecía escadalosamente la candidatura del gobierno y minimizaba o distorsionaba las respuestas de los demás candidatos. Estos canales se negaron casi hasta el final de la primera vuelta a pasar publicidad pagada de los candidatos de la oposición.

Denuncia que el SIN financia y dirige a media docena de diarios sensacionalistas con el propósito de difamar y agredir verbalmente a todo sector de la oposición. Además, un estudio de Transparencia encontró que entre el 11 de enero y el 10 de marzo, 81% de los titulares de los diarios chicha se dedicaron a desprestigiar a los opositores de Fujimori, mientras que el 19% restante se ocupó de halagar al gobierno.

En esta coyuntura, Radio 1160, propiedad de Genaro Delgado Parker, fue embargada inmediatamente después de que empezó a trasmitirse un programa político, mientras que el diario El Comercio denunció que el gobierno, en coordinación con el Poder Judicial, estaba preparando maniobras para arrebatarle el periódico a sus accionistas mayoritarios como represalia por la denuncia de las firmas falsificadas.
 

Encubrieron falsificación de firmas

El caso de la falsificación de firmas es destacable en este informe ya que la Defensoría del Pueblo hizo pública la denuncia sobre la falsificación de firmas presentadas por el Frente Independiente Perú 2000 para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, descubierta por el diario El Comercio, pero el JNE abdicó a su deber de investigar.

Los testigos identificaron a varios funcionarios de la ONPE como las personas encargadas de supervisar la falsificación masiva de firmas, tales como Arturo Loayza Vallejos, empelado del área de soporte técnico de ese organismo electoral, José Isaac Zumarán Silva, supervisor regional y Enma Nazario Palomino, secretaria de la jefa de la ODPE del Callao.

Para investigar esta denuncia, el Ministerio Público designó a la fiscal ad-hoc, Mirtha Trabucco, cuya trayectoria es cuestionada, pues se le acusa de haber archivado diversos casos que comprometía al gobierno y a personajes vinculados a éste.

Luego de tres meses de supuesta investigación, la fiscal Trabucco denunció insólitamente a los cuatro testigos que permitieron el descubrimiento del delito (Carlos Rodríguez Iglesias, María Elena Rodríguez Iglesias, María Iglesias Rengifo y Eríka Martínez Liñán) y sólo a uno de los responsables, el regidor oficialista de la Municipalidad de Lima, Luis Navarrete Santillán.
 

Las irregularidades en las elecciones

El 9 de abril, diversas instituciones observadoras del proceso electoral recibieron cientos de informes sobre irregularidades cometidas en todo el país como analfabetos miembros de mesa titulares, reparto de cédulas marcadas o mutiladas, suplantación de miembros de mesa por parte de personas afines a Perú 2000, muertos que votaron, efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas que sufragaron, miembros de la ONPE y otras instituciones electorales y del gobierno que indicaban cómo votar por Perú 2000.

Al cierre de la votación, las encuestas realizadas a boca de urna daban como ganador al candidato Alejandro Toledo, sin embargo, horas después las encuestadoras salieron en los canales de televisión diciendo que se habían equivocado y que los resultados favorecían a Alberto Fujimori. El país fue puesto al borde de una crisis de proporciones cuando la ONPE emitió resultados contradictorios en los días siguientes que colocaron a Fujimori cerca de ganar en una primera vuelta.

Para IDL, la segunda vuelta fue igual o peor que la primera, por el retiro de la candidatura de Toledo y de la negativa de los observadores nacionales e internacionales a participar (OEA, Transparencia, Consejo por la Paz, Comunidad Europea, Centro Carter) debido a que no habían las condiciones necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes.

"El 28 de mayo el gobierno peruano impuso, en medio del descontento, la tensión, la movilización ciudadana y los primeros brotes de violencia y represión, unas "elecciones" con candidato único sin observadores nacionales e internacionales ni personeros", destacan los investigadores de esta institución al concluir el recuento de las razones del fraude.
 

El modelo del fraude en Chachapoyas

Según IDL, en Chachapoyas se presentó una secuencia de irregularidades orientadas a favorecer la candidatura de Fujimori que fueron descubiertas cuando la ex jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODPE de esta provincia, Jenny Vargas Álvarez, renunció a su cargo una semana antes de las elecciones del 9 de abril, denunciando la existencia de graves irregularidades.

Todo comenzó cuando Vargas Álvarez informó a la ONPE que la especialista electoral, encargada de la subsede de la ODPE-Chachapoyas en la provincia de Luya (Lamud), llevó desde Lima a 11 empleados contratados directamente, varios de los cuales no contaban siquiera con libretas electorales y utilizaban nombres supuestos y nombró irregularmente a personal vinculado a Perú 2000 en diversos cargos directivos, aparte de otras irregularidades.

Sin embargo, la denunciante no fue escuchada por la ONPE, que la sometió a una auditoría interna y a una campaña de hostigamiento obligándola a renunciar. Bajo la responsabilidad del nuevo jefe de la ODPE-Chachapoyas las irregularidades aumentaron tanto en la gestión electoral como en el cómputo de votos.

El día de las elecciones hubo un manejo irregular en la distribución del material electoral y el traslado de las actas electorales y después, el reporte del cómputo evidenció una gran diferencia entre el número de sufragantes y de los votos emitidos.

En Chachapoyas no sólo hubo irregularidades, sino que los abogados y especialistas miembros de IDL destacan que existió una voluntad de fraude disfrazada en la ineficiencia y el desorden presentados en el manejo de la organización y gestión del proceso electoral a cargo de la ONPE, calificando este caso como la expresión de la voluntad de impunidad porque nada de lo denunciado oportunamente ha sido debidamente investigado.
 

* Publicado en el diario La República, Lima 12 de junio del 2000.
 

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