García le debe más desaparecidos al Perú que el sanguinario Fujimori *

Las cifras del quinquenio aprista son escalofriantes

Mariella Patriau
 

Cuadro: Denuncias de detenidos desaparecidos por gobierno
Cuadro: Muertos por la violencia política
Cuadro: Acciones de grupos paramilitares durante el gobierno de García
 

Ahora que el Perú se dispone a cerrar heridas, enfrentando el pasado a través de una Comisión de la Verdad, es necesario recordar toda la historia, completa y sin censuras. Necesitamos recordar, por ejemplo, que durante los cinco años del gobierno de Alan García, desapareció mucha más gente que durante toda la última década. Aunque parezca increíble, el régimen fujimorista, así de dictatorial como lo recordamos, no derramó tanta sangre como el de Alan García Pérez, en la mitad de tiempo.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha preparado un informe preliminar acerca de todas las ejecuciones extrajudiciales, masacres en comunidades campesinas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y atentados terroristas, tanto del Estado, como de Sendero Luminoso y del MRTA, registrados entre 1985 y 1990, es decir, durante el quinquenio aprista. Se trata entonces de la deuda que todavía conserva Alan García con el Perú. Deuda impagable, creemos nosotros.

El informe de Aprodeh se inicia con un listado de las principales violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por las fuerzas armadas y policiales.

La más conocida de todas es, por supuesto, la bárbara masacre de los penales, ocurrida el l8 de junio de 1986. Mientras en Lima se desarrollaba la Conferencia Mundial de la Internacional Socialista, los internos de Sendero Luminoso iniciaron, en forma coordinada, un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Pabellón Industrial del penal de San Pedro (Lurigancho) y en el penal de mujeres Santa Bárbara, del Callao.

"Los amotinados presentaron varias demandas -explica el informe-, siendo la principal el temor de un intento de genocidio, bajo el pretexto de un traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande".

Cuando el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal de El Frontón, lo hizo manifestando que lo hacía por orden del Presidente de la República.

"El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos -continúa el documento-, pese a la protesta de las autoridades judiciales. El director del penal protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero recibió como única respuesta que era orden del Presidente de la República. A las cuatro y treinta minutos de la tarde, el juez, el fiscal y las autoridades penitenciarias fueron llevados a las oficinas administrativas, donde permanecieron encerrados hasta las once de la noche. Poco después se inició el asalto, por parte de las fuerzas especiales de la Marina de Guerra, en el que murieron tres infantes de Marina, resultaron heridos otros 20 y fallecieron al menos ciento diecinueve internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados".

Aprodeh señala además que se registró un gran número de desaparecidos. Según las declaraciones de los sobrevivientes, los presos fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada "Los Baños", desde donde llegaban, a lo lejos, los disparos. La edificación del penal fue demolida, con la clara intención de deshacerse de las pruebas, al concluir el operativo. En San Pedro y Santa Bárbara se vivieron situaciones similares, con la Guardia Republicana y la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente. "En el primero no quedó ningún sobreviviente -señala el informe de Aprodeh-, pues todos fueron ejecutados luego de su rendimiento. En el segundo, fallecieron dos personas".

Otros casos especialmente dramáticos han sido incluidos en este documento preliminar. La lista de nombres es bastante larga, pero podemos mencionar a Robinson Martín Silva Mori, un dirigente estudiantil de la Universidad de Huacho, asesinado en su casa, por efectivos de la Guardia Civil, en agosto de 1987. José Ignacio Garnelo Escobar, detenido en 1987, luego de un atentado terrorista en San Martín de Porres. "Lo llevaron con rumbo desconocido para torturarlo: sus pies y manos presentaban quemaduras, sus antebrazos y cara huellas de golpes y rastros de ataduras en sus muñecas. Luego fue asesinado con un disparo en la sien, a corta distancia", detalla el informe de Aprodeh.

El caso de Garnelo Escobar se mezcla con muchos otros más, como los de Juan Pablo Carbajal, María Zavalaga, Armando Huamantingo, Hugo Bustio Saavedra y Delfín Ortiz Serna. Todos ellos y muchos más, fueron ejecutados por las fuerzas armadas, durante el gobierno de Alan García Pérez.

Los masacres de Pucayacu, Accomarca, Umaru, Bellavista, Parcco, Pomatambo, Cayara, Santa Ana, Pampamarca, Chumbivilcas y Calabaza son registradas también en el documento, y leer los detalles consignados produce escalofríos.

Dos comuneros de Pucayacu fueron ametrallados, luego de cavar sus propias fosas. Pocos días después, más de sesenta personas, incluidos ancianos y niños, fueron asesinadas por el ejército en Accomarca, Ayacucho. Antes, las patrullas asesinas habían pasado por la comunidad campesina de San Sebastián, donde detuvieron a siete ancianos a quienes asesinaron, degollándolos.

En Umaru y Bellavista fueron asesinadas catorce personas, cuyos cuerpos fueron hallados, semicalcinados, en una fosa común, el 19 de noviembre de 1985. En Cayara, el ejército mató a cincuenta comuneros y a pesar de que la investigación de los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme encontró responsabilidad en el jefe político militar de la zona, el entonces presidente García defendió a los asesinos, como ya lo había hecho antes. "No podemos colocarlos permanentemente en el foco del escándalo o desalentarlos con insultos", declaró, ante el estupor de los peruanos.

"El fiscal Escobar -explica el informe de Aprodeh- recientemente ha declarado que Alan García se reunió con él, a quien le informó de todo lo sucedido, y que luego un coronel del ejército le manifestó que fue él quien ordenó que se borraran las huellas del delito".

La lista de detenidos, desaparecidos, durante el quinquenio aprista, es también larga y penosa. Figuran, por ejemplo, Teófilo Rímac, dirigente político de izquierda y catedrático de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de Pasco. Rímac fue torturado, junto con otras siete personas, en el Cuartel de Carmen Chico y, al anochecer del 26 de junio de 1986, fue separado del grupo y nunca más lo volvieron a ver.

Otros nombres figuran en la lista de los borrados del mapa, muertos bajo las leyes de la selva y del talión. Nunca aparecieron -por ejemplo- los cuerpos de Pedro Jorge Navarro, Walter López Loyola, Eleodoro López Ballardo, José Guerra Montes, Mamerto Huamaní Chillcce, Rina Mamani Checuari, Gregoria Yucra, Ignacio Pizarro Najarro, Andrés Gutiérrez, Julio Najarro Palomino y Tito Ramírez Remond, entre muchos más.

Aprodeh también se ocupa largamente de los casos de tortura presentados durante el gobierno de Alan García Pérez. "El 21 de setiembre de 1986, Lino Guevara Justo, de 17 años de edad, sufrió torturas y mutilaciones, luego de ser detenido por la Guardia Civil, en Azángaro, Puno", es sólo uno de los escalofriantes relatos consignados en el documento.

"El 5 de junio de 1988 -podemos leer en otra de las páginas- Víctor Valdeiglesias Aragón, un ambulante de treinta años, fue detenido por la PIP en Lima y torturado brutalmente. Al día siguiente, fue liberado, luego de que la familia pagara un soborno de diez mil intis, pero no sobrevivió a las torturas".

Finalmente, Aprodeh se ocupa de la relación entre el Comando Rodrigo Franco y el APRA y afirma que "a lo largo de 1988, se descubrieron nexos entre las fuerzas armadas, la Dirección Contra el Terrorismo y el APRA. Por ejemplo, cuando en agosto fueron detenidos catorce jóvenes apristas, armados con explosivos y revólveres, cerca de la Universidad de San Marcos. Al año siguiente, proliferaron denuncias de la actividad del Comando Rodrigo Franco. Los indicios apuntaban a que era una cubierta de los comandos políticos militares de Ayacucho y San Martín, así como de unidades militares y policiales y pistoleros del partido de gobierno que actuaban con la aprobación de altas autoridades".

La deuda de García Pérez con el Perú es mucho más larga de lo que muchos alcanzan a recordar. Es tiempo de empezar a pagarla. Ojalá la Comisión de la Verdad se encargue de ello.
 

* Publicado en el diario Liberación, Lima 18 de junio del 2001, páginas 12-13.
 

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