Nueve estudiantes (Juan Gabriel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Heráclides Pablo Meza) y un profesor (Hugo Muñoz Sánchez) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" son detenidos por miembros del Ejército. (Julio 1992)
El rector de La Cantuta, Rafael Laynes Bastante, denuncia la desaparición de los estudiantes y el profesor ante la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). (Julio 1992)
El jefe de la II Región Militar de Lima, gral. Luis Salazar Monroe -hermano del nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe-, niega que se haya realizado un operativo militar en La Cantuta. Poco después fue enviado a Washington como agregado militar.
El Jefe del Comando Conjunto, gral. Nicolás Hermoza Ríos, niega que el Ejército haya realizado detención alguna en dicha universidad. (Agosto 1992)
El gral. Hermoza admite que se realizó una "operación de rastrillaje" en La Cantuta en julio de 1992, y que los "presuntos desaparecidos vienen apareciendo por Huancayo y por otras localidades, desmintiendo que hayan sido detenidos por la fuerza del orden". (Enero 1993)
La organización secreta COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes) hace llegar al congresista Henry Pease un documento anónimo en el que se detalla el operativo de secuestro y asesinato en La Cantuta. En dicho documento se señala como autores directos del acto al my. Santiago Martin Rivas, jefe de los Equipos de "Trabajos Especiales" del Ejército, y al my. Carlos Pichilingue Guevara, con el conocimiento y aprobación del gral. Hermoza, el ex-capitán Vladimiro Montesinos Torres (jefe real del SIN), el gral. Juan Rivero Lazo (jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército -DINTE-), el gral. Luis Pérez Documet, el crnl. Federico Navarro Pérez, el cmdte. inf. Carlos Miranda Balarezo (jefe del BIP No39 La Pólvora, a cargo del control de La Cantuta) y el cmdte. inf. Manuel Guzmán Calderón (jefe del Batallón de Comandos No19). (Abril 1993)
Se constituye una comisión investigadora del Congreso presidida por Roger Cáceres Velásquez. (Abril 1993)
El gral. Hermoza niega nuevamente la participación del Ejército en la desaparición del profesor y los 9 estudiantes, agregando que todo es obra de "personas y sectores opuestos a la política de pacificación del gobierno y con el ánimo de lesionar la imagen de nuestra institución". (Abril 1993)
Los tanques de Hermoza se pasean por las calles de Lima, en un intento de amedrentar a la comisión investigadora del Congreso. El gral. Howard Rodríguez Málaga, comandante de la I Región Militar, lee un manifiesto en el cual intenta justificar la acción basado en "el burdo intento de incriminar al Ejército peruano en una supuesta violación de derechos humanos, utilizando maliciosamente para ello documentos apócrifos y fraguados, por un pequeño grupo opositor de congresistas..." (Abril 1993)
El Gral. Rodolfo Robles denuncia desde Buenos Aires que los autores de la desaparición y asesinato de los 9 estudiantes y el profesor fueron miembros del Ejército comandados por el my. Santiago Martin Rivas y el my. Carlos Pichilingue Guevara, estando presente además el tnte. inf. Portella Núñez Aquilino ("Tnte. Medina") y el tco. Sosa Ramos, con la aprobación del gral. Hermoza y Vladimiro Montesinos. Según el gral. Robles, dichos sujetos participaron también en la matanza de Barrios Altos en noviembre de 1991. (Mayo 1993)
El presidente Alberto Fujimori Fujimori dice que las denuncias de Robles se basan en "documentos apócrifos".
Se inicia una campaña de desprestigio contra Robles, acusándolo de "traidor". (Mayo 1993)
Gilberto Siura, congresista del oficialismo, dice que que todo se trata de una "conspiración contra el gobierno del presidente Fujimori". (Junio 1993)
Gilberto Siura y Jaime Freundt, congresistas del oficialismo, suscriben un dictamen en minoría, aprobado por la mayoría oficialista, en el cual dicen que los desaparecidos de La Cantuta, pueden haberse "autosecuestrado". (Junio 1993)
La organización León Dormido, conformada por oficiales del Ejército en actividad, entrega a la revista Sí un comunicado en el cual informa que los cadáveres de La Cantuta fueron enterrados inicialmente cerca de la Carretera Central, posteriormente trasladados a la playa La Tiza y luego desenterrados ante la denuncia de COMACA y el gral. Robles, para ser incinerados y enterrados nuevamente en Cieneguilla. Todas estas acciones fueron realizadas por el my. Martin Rivas y otros miembros del Ejército. (Julio 1993)
Los restos calcinados de los desaparecidos son encontrados en Cieneguilla. (Julio 1993)
La policía, a través de la DINCOTE, afirma que el croquis que permitió llegar a las fosas de Cieneguilla, es obra de miembros de Sendero Luminoso con la intención de desprestigiar al gobierno y las FF.AA. Juan Mallea Tomailla, pastor evangélico, es arrestado, acusado injustamente de terrorismo y de ser el autor del croquis. Casi un año después es declarado inocente y liberado. (Julio 1993)
La Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán decide que la Octava Fiscalía Provincial de Lima se retire del caso, dejándolo en manos de la Justicia Militar. La misma Fiscal deja sin protección los restos hallados en Cieneguilla, permitiendo su manipulación por extraños, y niega la participación de expertos internacionales en el análisis forense de los mismos. (Agosto 1993)
Fujimori admite que los asesinos de La Cantuta fueron miembros del Ejército. (Octubre 1993)
La "Justicia" Militar encuentra responsables de los crímenes de La Cantuta al gral. Juan Rivero Lazo, al gral. Federico Navarro Pérez, al my. Santiago Martin, al tnte. Aquilino Portella y al tnte. José Adolfo Velarde. Según COMACA, los acusados nunca cumplieron prisión efectiva. (Diciembre 1993)
Mediante una amnistía decretada por Fujimori y aprobada por el Congreso, los asesinos de La Cantuta son liberados. (Junio 1995)
La agente del SIN Maribel Barreto es asesinada por miembros del Ejército
a fines de 1996. Existe evidencia de que uno de los autores sería
Santiago Martin Rivas, el cual aún está libre y operativo.
* Resumen basado en artículo publicado
en la revista Oiga, Lima 28 de febrero de 1994.
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