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En cinco cuevas de Huancasancos encontramos restos de 100 víctimas de la guerra sucia *

"Mataron a todos los que tenían polos rojos..."

Mariella Patriau
 

Son cinco cuevas escondidas en una inmensa montaña del valle de Huancasancos, a diez horas al sur de Huamanga, Ayacucho.

Llegamos hasta ahí, siguiendo la ruta marcada por un guía, quien afirmaba que -venciendo su comprensible temor- los comuneros de la zona le habían confesado la existencia de una fosa común, con los restos óseos de por lo menos unas cien personas, víctimas de la guerra sucia emprendida entre Sendero Luminoso y el Ejército Peruano, a partir del año 1982.

Iniciamos la marcha a las once de la mañana y tras cuatro horas de camino llegamos a la provincia de Cangallo. Cinco minutos después de haberla dejado atrás, una primera señal nos dejó saber, en forma clara, lo que es Ayacucho hoy en día, tras casi veinte años de abuso y muerte, nacidos tanto del terrorismo como de los cuarteles: el rincón donde los muertos están empezando a hablar.

Dos calaveras, colocadas sobre una inmensa roca al pie del camino, parecían indicamos que nuestra pista era certera. Las mandíbulas abiertas. Los dientes casi intactos. Cercados por un pedazo de soga, los cráneos estaban acompañados por una hoja de papel, retenida sobre la superficie de la peña por cuatro guijarros. "Mamá papá su hijo pasarán al estudio de la historia para no repetir la situación", es lo poco que pudimos descifrar del mensaje, escrito con un plumón de tinta fluorescente.

Retomamos el camino, que se hizo mucho más penoso luego de este primer hallazgo. La carretera a Huancasancos, de terreno afirmado, aunque con desniveles profundos, se convierte así en la ruta de regreso. Las curvas cerradas que antes escondían barricadas y emboscadas dinamiteras, hoy representan la vuelta al pasado.

"Es muy difícil que alguien de la zona quiera conversar contigo -nos anticipa el guía-. Vamos a revivir muchas cosas y eso a la gente no le gusta".

Antes de llegar a Huancasancos, pasamos por diversos pueblos que fueron víctimas sistemáticas de Sendero y del Ejército. Todos han cambiado de apariencia. La hoz y el martillo han sido reemplazados, en las plazas, por la propaganda electoral. Alan García y Alejandro Toledo se pelean las paredes, convirtiéndolas en murales repletos de ofertas y promesas. Uno de estos pueblitos, llamado Incaraccay, fue -durante la guerra de mayor terror- atacado por lo menos una veintena de veces, entre Sendero Luminoso y el Ejército. Nos conmueve especialmente la historia de una mujer que ejerció un cargo dentro de la comunidad y que era madre de seis hijos. Su nombre es guardado en reserva, por solicitud de ella misma. Esta ex dirigenta campesina vio cómo tres de sus hijos eran colgados en el árbol ubicado al costado de su cabaña. Y como una ironía cruel, los asesinos se encargaron de resarcirla: llegó a tener tres niños más, pero no sabe si son hijos de soldados o de terroristas, pues fue violada varias veces por ambos bandos.

Luego de diez horas de camino, llegamos por fin a Huancasancos, ya de noche. A las siete de la mañana del día siguiente, empezamos a caminar hacia el lugar donde había sido descubierta la fosa. Nos acompañó "Juan", el lugareño, que se había atrevido a advertir, sobre los restos, a nuestro primer guía.

Tomamos un atajo que nos llevó hasta un camino escondido, que atravesaba tierras de cultivo, riachuelos y muchos cerros. Cuando llegamos a un maizal lleno de plantas amarillentas, Juan nos anunció que nos encontrábamos en el lugar. Nos señaló un cerro inmenso.

"Son como cinco cuevas", nos dijo. "Todas tienen huesos", agregó. Efectivamente, era así. Luego de repasar, una a una, las cinco cavernas, pudimos calcular que los restos óseos podrían pertenecer, aproximadamence, a unas cien personas.

Las osamentas, confundidas entre restos de ropas y sogas, se encuentran repartidas en las cinco cuevas, separadas apenas por unos pocos metros.

Los dos primeros socavones tienen restos de hollín sobre las paredes de roca, como si alguien hubiera intentado incinerar algunos restos. Y de hecho, algunos huesos tienen signos de haber sido sometidos a la acción del fuego. Un cráneo con dos orificios de bala (de entrada y salida, aparentemente) fue el que nos dio la macabra bienvenida, en la primera de las cuevas.

En una de las cavernas, un derrumbe ocurrido hace algún tiempo ya se encargó de sepultar a un promedio de treinta esqueletos, según nos refiere Juan. Nuestro guía afirma además que, aunque los comuneros de Huancasancos no se atreven a hablar, por temor a las represalias, muchos de los que tienen familiares desaparecidos, están convencidos de que se encuentran en alguna cueva y por eso acuden a rezar al lugar, cada cierto tiempo.

Por lo escarpado del camino que nos condujo hacia las grutas, podríamos suponer que las personas cuyos restos se encuentran ocultos en este cerro, llegaron vivas hasta el lugar. Y aunque no encontramos casquillos de bala, es necesario tener en cuenta que probablemente ya hayan transcurrido como catorce o quince años, desde que se produjeran estas ejecuciones.

Según el relato de Juan, en noviembre de 1983 llegaron los senderistas al pueblo de Huancasancos. Intentaron aleccionar a los lugareños, a punta de dinamita y fusiles.

"En mayo de 1984 -cuenta Juan- llegó la policía, con sus helicópteros. Mataron a todos los que tenían polos rojos. Un mes después de eso, se instaló el puesto policial. Y así estuvimos tranquilos, hasta noviembre de ese año".

Lo que ocurrió entonces, fue que Sendero Luminoso aprovechó la celebración de una fiesta de la comunidad para ingresar y matar a un policía que había llegado desde Huamanga.

"Entonces llegaron seis helicópteros del Ejército, a buscar a los terrucos. Desde entonces, a fines de 1984, el Ejército se instaló permanentemente en Huancasancos. Esa fue la peor época. A la gente la mataban, incendiaban sus casas. Desde fines de 1984 en adelante, empezaron a ocurrir las desapariciones", recuerda Juan.

Esa confusión, ese pánico ante cualquier extraño, ya sea soldado o terrorista, permanece aún en el relato de Juan, quien asegura que la población de Huancasancos se sometía a la imposición de los militares, aunque se sintieran en igual o peor peligro con ellos. Razones no les faltaban.

"Mataban inocentes. Mis padres nos mandaban a mí y a mis hermanos fuera de Huancasancos, para que no nos pase nada. Estuvimos fuera varios meses. A1 regresar, encontramos las casas abiertas, sin gente adentro. Era la época en la que Sendero bajaba y mataba a los pobladores con machetes, picos y palas. Toda la población dormía en la iglesia y el Ejército la rodeaba, cuidándonos", dice Juan.

Pero a pesar de las cobardes y sanguinarias tácticas de los integrantes de Sendero Luminoso, nada justifica, en modo alguno, la guerra sucia desatada por la policía y especialmente, por el Ejército, en la provincia de Huancasancos, a partir dc 1982. Y las cinco cavernas con restos humanos, que hoy LIBERACIÓN muestra a sus lectores, son -muy probablemente- la silenciosa evidencia de todo el terror desatado en aquella época, a lo largo de todo el departamento de Ayacucho, no sólo por el terrorismo de Abimael Guzmán, sino también por militares tan o más salvajes que los mismos senderistas. Para impulsar esta tesis, basta con recordar a un solo general, jefe político militar de Ayacucho, a partir de 1982: Clemente Noel Moral. Su nombre basta. No necesitamos abundar en detalles.

Los reportes de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) registran la crueldad con la que tanto Sendero Luminoso como el Ejército Peruano se ensañaron con la población del distrito ayacuchano de Huancasancos.

Según APRODEH, el 15 de febrero de 1983, un grupo de comuneros de Huancasancos se enfrentó a Sendero Luminoso en Saccsamarca, una localidad muy cercana a Sancos, la capital de dicho distrito ayacuchano. Como producto de esa acción, los senderistas decidieron atacar a la comunidad y llevar a diez comuneros de Saccsamarca hasta Huancasancos. Nunca más se supo de estas personas.

Las represalias indiscriminadas del Ejército no se hicieron esperar Al día siguiente -es decir, el mismo 16 de febrero- soldados del Ejército y miembros de la Guardia Civil llegaron a Huancasancos, pues, al parecer, los terroristas continuaban en dicha zona. Cuando llegaron los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, los guerrilleros huyeron, abandonando el pueblo rápidamente. A pesar de ello, los soldados llegaron a Huancasancos y rompieron fuego contra la población indefensa, matando a gente inocente que lo único que intentó en ese momento fue no dejarse detener.

En esa acción murieron los comuneros Isabel de Quispe, Nimio Paria, Luisa Gonzales, Luciano Salcedo, Cleto Meza, Marcial García y otros más.

Muchos de los pobladores fueron detenidos. Los campesinos se vieron en la necesidad de enarbolar banderas blancas, para detener la violencia.

Pero la guerra sucia parecía no tener fin. El 20 de febrero -apenas cuatro días después de lo ocurrido-, una columna de sesenta terroristas ingresó a Huancasancos. Asesinaron a los nuevos dirigentes comunales, recientemente nombrados. Murieron siete personas, entre pobladores y subversivos. Antes de que se produjera el ataque, cuando los lugareños habían detectado a los senderistas en las alturas, enviaron emisarios a avisar a la base militar de Huancapi. Ni un solo soldado apareció para defenderlos.

Lo que sí hicieron las Fuerzas Armadas fue llegar al día siguiente, cuando ya todo había ocurrido y los siete cadáveres yacían sobre la plaza principal. Esto ocurrió el 21 de febrero de 1983 y fue uno de los peores crímenes cometidos por el Ejército en Huancasancos. Una patrulla llegó, bajo el mando del capitán Edgardo Acevedo y de otro capitán de apellido Vásquez. Detuvieron en el camino a veinte personas, a quienes, luego de torturar, ametrallaron. Algunos fueron quemados o tirados al río, en el puente de Huancasancos. Los nombres de los comuneros asesinados en aquella oportunidad por el Ejército son Walter Timpo, Félix Huamaní, Bernardo Huaripáucar, Augusto Meza y otros.

Otros detenidos por el Ejército Petuano y cuyos restos probablemente se encuentren en las cuevas que aquí presentamos, son Mavilón Guzmán Calvancante, desaparecido el 2 de octubre de 1983; Máximo Cárdenas Sulca,
desaparecido el 7 de diciembre de 1983, y Raúl Alarcón Gonzales, Cirilo Quispe Salcedo Parian, Leonidas Vílchez Gonzales y Máximo Mamerto Vílchez Gonzales, desaparecidos el 21 de diciembre de 1983.

Sin embargo, aunque las denuncias abundan en Huancasancos, éstas no expresan, ni remotamente, la verdadera cantidad de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este distrito ayacuchano. Esta es una situación que se repite a lo largo y ancho de todo el departamento.

Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, "de Ayacucho se han reportado y denunciado un porcentaje muy pequeño de violaciones a los derechos humanos, ocurridas en los años intensos de la violencia".

El fiscal superior decano de Ayacucho, Esteban Minaya Guerrero, le entregó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el número de denuncias por desapariones existentes en los archivos de la Fiscalía de Huamanga.

"Causó sorpresa y preocupación -señala en su informe la Coordinadora- que estas cifras sean mucho menores que las denuncias por desaparición que efectivamente se han pcesentado ante esta Fiscalía. La cifra encregada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es de 1,348, de las cuales continúan desaparecidas 888 personas. Mientras tanto, los representantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ayacucho aseguran haber denunciado más de dos mil desapariciones en este departamento.

Por otro lado, un informe de APRODEH, correspondiente al quinquenio 1985-1990, da cuenta de otros crímenes contra los derechos humanos, ocurridos en Santa Ana y Pampamarca, comunidades cercanas a Huancasancos. Según APRODEH, el 13 de junio de 1989 desapareció de la localidad de Santa Ana el comunero Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad. Entre el 26 y el 27 de junio, también de Santa Ana, desaparecieron Natividad Quispe, Crisóstomo Condori Quispe, Alejandro Quispe Condori, Estanislao Polanco Rojas, Andrés Huamaní, Maura Bautista, Clemente Champión, Francisco Ramírez, Virgilio Barrientos Ramos, Virginio Barrientos Polanco, Esteban Barrientos Vega, Ignacio Tito y Francisco Ramos.

"El 9 de junio de 1989 -relata el informe de APRODEH- en horas de la tarde, una patrulla del Ejército peruano, conformada por unos veinte soldados de la base militar de Huancasancos, incursionó en la comunidad de Santa Ana. Rubén Condori y Oseas Sánchez, quien sufre de retardo mental, regresaban de pastar vacas, cuando se percataron de que los militares habían allanado y saqueado la vivienda del primero. Los militares se los llevaron detenidos a la base de Huancasancos, fueron encerrados en un pozo y torturados en horas de la noche, acusados de terroristas. Permanecieron allí hasta el 13 de junio".

El relato de APRODEH, realizado en base a los testimonios de los integrantes de la comunidad, señala que "ese mismo día (el 13 de junio), a las ocho de la mañana, los militares, en número de 35, al mando de un mayor de apelativo "Cóndor", volvieron a incursionar en el pueblo. Luego de reducir a los pobladores en la plaza, los militares se dedicaron a allanar y saquear las viviendas. Una de éstas fue la de Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad, a quien luego de golpear, le dispararon en la cabeza. Los militares se retiraron a las tres de la tarde, después de incendiar los archivos de la comunidad que estaban en su local comunal.

Pero el salvajismo de estos soldados de la base de Huancasancos no tuvo fin, durante mucho tiempo.

"El 26 de junio -sigue el informe de APRODEH- a las cuatro y treinta minutos de la madrugada, los militaces volvieron a incursionar en Santa Ana. Reunieron a viva fuerza a los pobladores en la plaza principal, torturando a mujeres, niños y ancianos. Las mujeres y niñas fueron violadas en los confesionarios de la iglesia. Antes de irse, asesinaron a tres personas, hirieron de bala a otra y con arma blanca a una menor de trece años. Los militares se retiraron el 27 de junio. Ese mismo día, a las cinco y treinta de la mañana, los militares incursionaron en San Francisco de Pampamarca, donde saquearon, violaron y asesinaran a diez pobladores. Se retiraron en la madrugada del 29 de junio".

Mientras hoy recordamos toda esta barbarie, la presencia del Ejército en el departamento de Ayacucho continúa. Todos los domingos hay desfile y parada militar. Y el miedo hacia los soldados no se ha desvanecido todavía. En todo Ayacucho -y especialmente en provincias como Huancasancoshay mucho temor a hablar. Existe el gran temor de que se vayan los militares, y de que esto pueda originar el resurgimiento de Sendero Luminoso. Pero, paralelamente, hay un rechazo profundo hacia los abusos del Ejército. Existe también el enorme temor a las represalias. Por eso, nadie se atreve a denunciar la prepotencia castrense y los crímenes cometidos por los militares. A ningún poblador se le ocurriría, por ejemplo, recordar a los desaparecidos de Ayacucho.

Un ejemplo de esto es que, desde 1995, la Covrdinadora Nacional de Derechos Humanos organiza cursos de derechos humanos, destinados a los pobladores de las comunidades indígenas ayacuchanas. Esto ha contribuido bastante a despertar la memoria de los carnpesinos. A raíz de esto, se reportaron muchos casos de intimidación de parte de los soldados hacia los asistentes al curso. "¿Qué me va a hacer a mí derechos humanos, si yo a un perro lo hago desaparecer?", dice un comunero que le dijo uno de los soldados que trató de impedirle que abandonara su localidad con el fin de asistir a uno de estos cursos impartidos por la Coordinadora.

Hoy, con la creación de la Comisión de la Verdad, es de esperar que casos como el de Huancasancos no queden impunes. Y que las instituciones destinadas a velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos empiecen por fin a funcionar. Ojalá que la Comisión de la Verdad sí actúe con celeridad y que no se haga de la vista gorda, como sí lo hizo, durante mucho tiempo, don Jorge Santistevan de Noriega, quien recibió, el 8 de setiembre de 1997, una solicitud de parte de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ayacucho, para que la Defensoría del Pueblo investigara los casos de desaparición pendientes, ocurridos entre 1983 y 1992. Esto lo hicieron porque, desde 1996, las fiscalías especializadas en derechos humanos fueron desactivadas y sus denuncias derivadas a la Defensoría, entidad cuyos resultados, hasta ahora, brillan por su ausencia.
 

* Publicado en el diario Liberación, Lima 2 de julio del 2001, páginas 2-5.
 

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