Revelan en Washington documentos secretos de la "guerra sucia" en Perú *

Un sargento de la Policía Nacional que perteneció a un "escuadrón de la muerte" confesó a la Embajada de los Estados Unidos que en 1989 asesinaron en Ayacucho a más de 300 sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso, y un ex miembro del grupo "Colina" reveló a la misma legación diplomática en 1993 que fueron autores de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, de acuerdo con dos de los 41 documentos -La República tuvo acceso a todos ellos- desclasificados recientemente por el Departamento de Estado.

Las fuentes de la Embajada dijeron que las operaciones eran parte de la política contrasubversiva del gobierno, y en el caso del grupo "Colina", Vladimiro Montesinos Torres estaba estrechamente vinculado.

Por ÁNGEL PÁEZ
 

Los documentos secretos contienen valiosa información sobre la "guerra sucia" en Perú entre 1983 y 1994, lo que permitirá a la Comisión de la Verdad investigar numerosos casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas contrasubversivas.

Se tratan de los reportes que la Embajada de los Estados Unidos en Lima remitía al Departamento de Estado en Washington, dando cuenta del desarrollo del conflicto interno generado por los grupos alzados en armas y las tropas gubernamentales.

Los informes fueron desclasificados a solicitud del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), una organización no gubernamental adscrita a la Universidad George Washington de la capital norteamericana, cuya finalidad es determinar la conducta de las distintas administraciones gubernamentales estadounidenses en relación con la violación de los derechos humanos y la violencia política.
 

La verdad se abre paso

Los 41 documentos permiten establecer que a pesar de los informes de la Embajada de Estados Unidos en Lima, donde se registran testimonios de militares y policías sobre crímenes extrajudiciales y la existencia de escuadrones de la muerte, Washington no denunció vigorosamente los casos a nivel internacional alegando que carecía de pruebas.

Los reportes obtenidos por la NSA se diferencian de los 38 documentos entregados por el Departamento de Estado a la Comisión Investigadora que preside la congresista Anel Townsend Diez Canseco, porque éstos se refieren en particular a diversas informaciones relacionadas con Vladimiro Montesinos Torres.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de la Verdad solicitó oficialmente al presidente George W. Bush que contribuya al esclarecimiento de los numerosos abusos perpetrados durante la guerra sucia, permitiendo la desclasificación de documentos relacionados con el tema. Los reportes obtenidos por el Archivo Nacional de Seguridad serían un adelanto de lo que eventualmente el gobierno norteamericano proveería a la Comisión de la Verdad.
 

Cruda realidad

Las distintas administraciones norteamericanas estaban completamente informadas de la crítica situación peruana debido al conflicto interno, lo que se expresa con absoluta crudeza en el reporte que el 20 de diciembre de 1990 envió el embajador Anthony Quainton a Washington: "Uno no puede ser neutral y sobrevivir en Ayacucho. Si eres un radical de derecha, Sendero Luminoso tratará de matarte. Y si eres un terrorista, sólo la policía o los militares intentarán eliminarte. Si estás en el medio, los terroristas o los soldados querrán asesinarte".

Los documentos contienen informes sobre los momentos claves de la lucha contrasubversiva, desde la aparición de las primeras fosas comunes de individuos ejecutados con balazos en la cabeza por la Marina, y cuya autoría el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry siempre negó; así como la política de encubrimiento que el Ejército y la Marina desplegaron para proteger a criminales como el comandante Alvaro Artaza Adrianzén y el teniente Telmo Hurtado Hurtado, quienes ordenaron las masacres de Huanta y Accomarca.

La masacre en los penales El Frontón y Lurigancho en junio de 1986, y la presunta responsabilidad política del entonces mandatario Alan García Pérez, son parte de los reportes desclasificados por el Departamento de Estado.
 

Política de muerte

Otro de los documentos trascendentales es un cable enviado por el embajador Anthony Quainton a Washington el 24 de mayo de 1993, en el cual consigna una conversación entre un alto funcionario no identificado del gobierno de Alberto Fujimori con oficiales de la Sección Política de la legación diplomática norteamericana. El funcionario peruano reconoce que el grupo "Colina" cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y confirmó que la lista de miembros de la banda que reveló el general EP Rodolfo Robles Espinoza era correcta.

Cuando se le preguntó por qué no informaba públicamente de lo que sabía, incluyendo el espionaje telefónico que realizaba el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la fuente de la Embajada dijo que temía por su vida porque en Perú se vivía "una situación parecida a la que se vivía en Alemania bajo el dominio de la Gestapo".

El último documento desclasificado está fechado el 24 de abril de 1994, y está referido a las operaciones contrasubversivas en el Alto Huallaga que registró numerosos muertos.

En la mayoría de reportes la Embajada de los Estados Unidos en Lima resalta que a pesar de las evidencias, los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, sobre todo en el caso del último, aplicaron políticas Contrasubversivas donde el respeto a los derechos humanos no era la prioridad.

Lo que explicaría por qué se registraron más de 30 mil víctimas durante la "guerra sucia".
 

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Comisión de la Verdad recibirá informes

La Comisión de la Verdad recibirá los 41 documentos desclasificados que solicitó al Departamento de Estado el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), organización no gubernamental afiliada a la Universidad George Washington.

El presidente de la Comisión, Salomón Lerner Febres, indicó que mantiene contacto con la NSA y que próximamente enviará los reportes sobre la "guerra sucia".

Lerner señaló además que el Departamento de Estado proporcionó a la Comisión otros documentos desclasificados, los cuales son analizados por el equipo bajo su cargo.

El Departamento de Estado enviará más documentos desclasificados sobre las violaciones de los derechos humanos en el Perú a solicitud de la comisión, precisó Lerner Febres.

Con respecto al contenido de los documentos, dijo que no podía opinar acerca de éstos porque aún no habían sido totalmente revisados y comprobados.

"Los documentos no están escritos sobre piedras, por eso hay que revisar y comprobar todas las declaraciones y hechos que contengan", manifestó.
 

Embajador Hamilton aclaró:

"No hay intención política"

El embajador de los EEUU, John R. Hamilton, negó que la desclasificación de documentos del Departamento de Estado sobre la matanza de los penales de junio de 1986 tenga un objetivo político en contra del ex presidente Alan García.

Hamilton dijo que fue una organización no gubernamental norteamericana (el Archivo de Seguridad Nacional, NSA) la que solicitó los documentos al gobierno estadounidense sobre violación de derechos humanos y violencia política, entre los cuales se encuentra el referido a la masacre de los penales.

Negó que haya intención política de su embajada en este caso. "De ninguna forma, nosotros ni siquiera hemos tenido información de que existía la solicitud. Lo que yo sí sé es que esa ONG, que se llama Archivo de Seguridad Nacional, que suena como oficial, pero en realidad es privada, ha presentado cerca de trescientas solicitudes sobre cuestiones que podrían ser de interés para el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación", expresó.

Preguntado si los reportes aparecen porque hay cierta discrepancia de Alan García Pérez del gobierno del presidente Alejandro Toledo, aseguró "que con toda conciencia,